La derecha del municipio, que no deja de pregonar continuamente sus futuros planes de bajadas de impuestos, ha aprovechado la actualización de la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (impuesto de plusvalías) para subir la carga fiscal de los vecinos de Laguna de Duero.
La nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU o conocido como impuesto de plusvalías) fue aprobada en el pleno, con dos puntos importantes y ocultos en su reforma obligada por ley.
1/ Se añadió a la ordenanza un tipo de gravamen del 30% que supone aproximadamente un incremento de recaudación del 2,95%.
2/ Se aprobó también una bonificación del 25% sobre las segundas viviendas, que afectan especialmente a los inmuebles heredados y que es muy escasa con respecto a las bonificaciones de este tipo existentes en la mayoría de municipios.
Las propuestas del Grupo Municipal Socialista proponían un tipo del 28% que mantenía prácticamente la recaudación actual, y una bonificación mínima del 50% del impuesto para las segundas viviendas, y ambas fueron rechazadas de malas formas y con acusaciones falsas del portavoz municipal cuando el debate era totalmente correcto hasta ese momento.
Los que tanto pregonan a nivel nacional de su futura bajada de impuestos y la eliminación del impuesto de trasmisiones patrimoniales, buscan la ocasión para subir los tributos municipales de “tapadillo” con la reforma obligada por Ley de una ordenanza.
Durante el pleno, se acordó por unanimidad, el documento de aprobación inicial del PGOU de Laguna de Duero que debe de servir para que un futuro próximo Laguna pueda tener un nuevo Plan General de Ordenación Urbana actualizado, ya que el vigente data de 1999. Nuestro grupo municipal ha sido felicitado en varias ocasiones por su trabajo y alta actividad durante el desarrollo de este nuevo plan y hay que agradecer la búsqueda del consenso que ha habido en general para llegar a este acuerdo unánime.
La moción socialista para que el 8M sirva para construir un gran consenso político y social dirigido a la abolición de la prostitución fue aprobado por la gran mayoría de los grupos municipales, con la excepción de la ultraderecha, que continua enarbolando su ideología machista, racista y homofoga pleno tras pleno.
Si se aprobó por unanimidad, la solicitud al Ayto. de Valladolid de la limpieza, desbroce y mantenimiento del Camino de la Traviesa y del Camino de los Tramposos. Nos consta que el Ayto. de Valladolid ya está trabajando en poder realizarlo cuanto antes.
En el apartado de preguntas y ruegos, nuestro grupo municipal realizó varias:
- Se volvió a preguntar por el convenio caducado y pendiente de firma con la comunidad de regantes, por la cesión de la acequia al Ayto. Se nos informó que está pendiente de un informe medioambiental y nos enviaran el borrador del convenio.
- Solicitamos información al respecto de los 30 paneles solares que hay en el recinto ferial y su uso. Esos paneles están sin uso actualmente desde 2011 aproximadamente y se ha solicitado su revisión y viabilidad para la producción de energía fotovoltaica.
- Se volvieron a solicitar los certificados referidos al “falso” encapsulado de las tuberías de fibrocemento del municipio, que solicitados en el anterior pleno y que aún no se han recibido.
- Con respecto a las elecciones autonómicas, rogamos que para próximas ocasiones se regulen mejor los espacios electorales y que no se permita la acumulación de estos para una sola formación política que finalmente no uso, boicoteando de esta manera lo que debería ser una pacifica campaña electoral. También se informo, de los problemas que el Colegio de los Valles tubo durante la jornada electoral para su corrección en un futuro.
- Finalmente se solicitó informe jurídico a la secretaría del Ayto. sobre la providencia del concejal de deportes para la renovación y continuidad de la adjudicación de los campos de futbol. Desde nuestro Grupo Municipal entendemos que esta renovación no puede estar recogida en la Ley de Contratos del Estado y tenemos serias dudas respecto de su legalidad.
