La crisis energética y de precios ocasionada desde que Putin empezara la guerra de la invasión de Ucrania, está golpeando a toda Europa y haciendo estrago especialmente entre los ciudadanos más vulnerables.
Las entidades locales también se han visto afectadas por el incremento en los costes de los servicios públicos locales y de los servicios autonómicos, como la educación primaria o la atención primaria de salud, cuyo mantenimiento –y el gasto energético que de él se deriva- también les compete, ya que su capacidad fiscal está particularmente limitada y su financiación depende en buena parte de las transferencias del Estado y de las comunidades autónomas.
El aumento de los costes de energía y combustibles está ocasionando que tengamos que destinar una gran parte de nuestro presupuesto a gasto corriente para pagar las facturas de luz y calefacción en los centros públicos. Además, este esfuerzo extra que estamos haciendo en este momento de crisis se suma al que ya se vienen haciendo y soportando desde que comenzara la pandemia, con todos los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID.
La financiación local se fundamenta en el principio constitucional de suficiencia que deben garantizar el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 142 CE).
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León incorpora, además, el principio de equidad de acceso a los servicios públicos locales, atribuyendo a la Comunidad la obligación de velar por la aplicación de los principios generales de la financiación local “y por la corrección de desequilibrios económicos entre las entidades locales” (art.53).
Es fundamental que en esta coyuntural situación, se garantice y facilite a las Corporaciones Locales de Castilla y León medios suficientes para afrontar la difícil situación por la que estamos atravesando en aras a asegurar y proteger el normal desarrollo de su actividad ordinaria y poder afrontar los servicios que se prestan a la ciudadanía con total garantía y eficacia.
El Gobierno de España ya ha adoptado algunas medidas eficaces al respecto, como la suspensión desde 2020 las reglas fiscales y de techo de gasto, la transferencia a nuestra comunidad, Castilla y León la cantidad de 1.816 millones de euros de fondos Covid, otros 2.196 millones de euros de fondos Europeos y 1.646 millones de euros más de Financiación autonómica. A lo que hay que sumar el incremento de un 5% de los fondos que van a recibir los ayuntamientos de la participación de tributos del Estado con respecto a ejercicios anteriores.
Sin embargo, en Castilla y León por desgracia, los Ayuntamientos no han visto reflejada la eficacia de algunas de esas medidas adoptadas. Esta situación se agrava cuando se constata que Castilla y León, sigue estando por DEBAJO de la media en cuanto a la financiación de la Junta a sus Ayuntamientos.
Las transferencias de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos están dos puntos porcentuales por debajo de la media de las CCAA y además desde 2020, estos fondos son condicionados con lo que a pesar de que las necesidades de las entidades locales vayan por un lado, la Junta les obliga a que gasten el dinero en cuestiones determinadas que igual no son tan prioritarias.
La solución a esta situación coyuntural, que ya se está alargando demasiado en el tiempo, debe pasar por la colaboración leal entre todas las administraciones.
Por todo ello, entendemos que es necesario que desde la administración Autonómica se tomen de manera urgente e inexcusable, las medidas oportunas para paliar esta situación y facilitar la imprescindible labor que realizan los Ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano. Sin duda es absolutamente necesario para el conjunto de municipios de Castilla y León y para el nuestro en particular.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, presenta esta Moción ante el Pleno y proponen la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Castilla y León para que contemple e incluya en los nuevos presupuestos para 2023, un incremento en la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad de al menos un 25 % (mismo porcentaje de aumento que ha hecho el gobierno de España con la financiación para Castilla y León)
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Castilla y León para que además de incrementar la financiación ordinaria para los gastos derivados de energía y combustible derivados de la prestación de servicios de competencia Autonómica, se establezca un FONDO EXTRAORDINARIO para poder hacer frente a las necesidades provocadas por la realidad del incremento de los precios y costes de los bienes y servicios.
TERCERO.- Instar a la Junta de Castilla y León para que se establezcan los mecanismos e instrumentos técnicos y jurídicos para que dicho incremento de la participación y fondos asignados a los Ayuntamientos, puedan ser transferidos a los mismos de manera anticipada a fin de poder hacer frente al incremento de los gastos derivados del aumento de los precios con total garantía y seguridad.
CUARTO.- Instar a la Junta de Castilla y León para que este incremento de fondos, y el conjunto de la financiación de las entidades locales con cargo a la Comunidad, tenga naturaleza de fondos no condicionados, para facilitar el pago de los gastos energéticos que conlleva la prestación de servicios públicos locales y adaptar el gasto local a las actuales circunstancias, de acuerdo con el contexto económico y social de cada municipio y territorio, con respeto a la autonomía local.
