España es un país referente a nivel internacional respecto a las políticas igualitarias, la conquista y defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI+, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la protección de minorías y de los colectivos vulnerables.
Este año se cumple el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificaba el Código Civil. Nuestro país se convirtió en 2005 en el tercer país del mundo en reconocer el derecho a contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo y en el primero del mundo en permitir la adopción a las familias homoparentales, hechos que supusieron un antes y un después no sólo para las personas LGTBI+ sino para el conjunto de la sociedad española.
Posteriormente, en el año 2007, se promulgó la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Con esta normativa, España volvió a situarse a la vanguardia a nivel internacional, al establecer un marco legal que permite a las personas trans modificar la mención registral de su sexo sin que sea requisito haberse sometido previamente a una intervención quirúrgica de reasignación. Esta ley pionera fue actualizada con la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. Una norma que ha supuesto un nuevo avance en derechos para el colectivo LGTBI+, incidiendo en ámbitos como la sanidad, la educación, prohibiendo las mal llamadas terapias de conversión que la OMS las considera torturas, reconociendo el derecho a la filiación a las parejas de mujeres y despatologizando finalmente el proceso de transición, otorgándole una merecida dignidad a una de siglas más maltratada del colectivo: las personas trans.
Sin embargo, esta trayectoria de avances legislativos y sociales de las últimas décadas se ha visto gravemente amenazada a raíz de los cambios políticos producidos tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.
Uno de los primeros gestos simbólicos, pero profundamente significativos, fue la retirada de la bandera arcoíris de edificios institucionales en varias comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por coaliciones entre la derecha y la ultraderecha. Este acto fue solo el preludio de una batería de medidas que apuntaban directamente a revertir el trabajo realizado durante años por la igualdad y la no discriminación.
Entre las acciones más alarmantes se encuentran la eliminación de concejalías y consejerías específicas de diversidad, la supresión de ayudas públicas a asociaciones que trabajan con el colectivo LGTBI+, el veto de libros, películas y materiales educativos con contenido inclusivo, y la desaparición de programas de formación sobre diversidad en centros educativos y sanitarios.
Incluso, algunas comunidades han revisado o recortado leyes autonómicas LGTBI+, limitando derechos adquiridos como el reconocimiento de la identidad de género sin necesidad de informes médicos, el acceso a tratamientos hormonales para personas trans en el sistema público de salud o la despenalización de las terapias de conversión, consideras como torturas por la OMS.
Estos recortes no solo suponen un retroceso jurídico, sino también un golpe simbólico y práctico para muchas personas que ahora se sienten menos protegidas por las instituciones. Diversos informes de entidades como el Observatorio contra la LGTBI-fobia o Amnistía Internacional han alertado del crecimiento de ataques, tanto en el ámbito público como en redes sociales, coincidiendo con la normalización de discursos discriminatorios en el espacio político desde que la ultraderecha está en las instituciones públicas.
El desmantelamiento de políticas públicas de igualdad no es solo una cuestión ideológica: tiene consecuencias reales sobre la seguridad, la salud mental y el acceso a una igualdad real de miles de personas. Frenar este retroceso requiere no solo una respuesta institucional firme, sino también una movilización ciudadana comprometida con la defensa de la dignidad, la diversidad y los derechos humanos para todas las personas, sin excepción.
El papel de los Ayuntamientos en el ámbito local es primordial para promover sociedades más igualitarias y respetuosas con la diversidad y la libertad, y por su proximidad con la ciudadanía, los entes locales se sitúan en un lugar privilegiado en la defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI+.
Para ello se deben impulsar medidas y políticas que contribuyan a acabar con los discursos de odio y paliar dentro de sus competencias los efectos que estos producen sobre las personas LGTBI+ y el resto de las minorías sociales objeto de estos.
Una herramienta fundamental para implementar estas políticas son los Planes locales de diversidad sexual y/o familiar, un Plan es un instrumento que permite sistematizar cómo se quiere intervenir para transformar la realidad del municipio, y tiene que estar guiado por unos objetivos concretos, que se pretenden lograr a partir de acciones evaluables, a lo largo de un periodo determinado.
Esta lógica implica la necesidad de poner en práctica la transversalidad, que promueve la incorporación de la diversidad afectivo-sexual, de género y/o familiar en todas las áreas de la política municipal donde sea relevante, por ello el Plan Municipal por la Diversidad Sexual tiene un triple objetivo (1) sensibilizar sobre la diversidad sexual, afectiva, de género y/o familiar a toda la población, (2) prevenir, detectar y atender las discriminaciones y violencias por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o familiar, y (3) garantizar los derechos de las personas LGTBI+.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acuerda estos 9 puntos:
- Impulsar, con el mayor consenso posible, junto a las fuerzas políticas
municipales, las administraciones públicas y las organizaciones de la
sociedad civil, un Acuerdo Municipal contra los Discursos de Odio, con
el objetivo de erradicar la discriminación que sufren las minorías y
colectivos vulnerables, y para remover todos los obstáculos que siguen
impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad. - Elaborar un Plan Municipal por la Diversidad Sexual y/o familiar del municipio de Laguna de Duero que permita coordinar todas las acciones en este ámbito.
- Impulsar la creación de un Observatorio contra la LGTBI-fobia del municipio de Laguna de Duero
- Colocar la bandera LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento el próximo 28 de junio de 2025, así como en todos los 28 de junio siguientes, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.
- Diseñar, a través de la concejalía de servicios sociales y acción social, campañas municipales de sensibilización, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad especialmente entre jóvenes y adolescentes.
- La creación a través de la concejalía de servicios sociales y acción social, de un servicio integral de atención a víctimas de discriminación o violencia por motivos de LGTBI-fobia.
- Incrementar la colaboración con el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio.
- Instar al gobierno autonómico a que la creación de una normativa LGTBI+ propia para Castilla y León, cuya toma en consideración fue aprobada el pasado 11 de junio en las Cortes de Castilla y León a propuesta del grupo Parlamentario Socialista, sea impulsada sin mayor dilación y dejemos de ser así la única Comunidad Autónoma que carecemos de ella.
- Instar al gobierno autonómico a la creación de un Observatorio contra la LGTBI-fobia que permita realizar análisis estadísticos sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio, acompañándolo de un sistema de seguimiento que sirva de termómetro para medir los efectos de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo e implementación de políticas preventivas en la Comunidad de Castilla y León, así como estrategias de acompañamiento y protección a quienes ya lo sufren.
