EL ciclo del agua en nuestro municipio es un auténtico desastre: Agua sucia en nuestros grifos; Subvenciones europeas que no llegan nunca; Falta de información a los ciudadanos sobre la verdadera calidad del agua; y ahora, Análisis oficiales y obligatorios sin contrato.
El Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento no tiene ningún tipo de contrato con Aquona para la realización de los análisis periódicos y obligatorios que la legislación determina, incumpliendo la legalidad vigente con respecto a la contratación municipal y por ello pudiendo ser dichos análisis ilegales o no validos.
De todos es conocido la mala calidad del agua que ha salido por nuestros grifos en estos últimos meses, el grupo municipal socialista solicitó los datos de la analítica periódica que realiza el propio Ayuntamiento (en este caso Aquona), así como la del laboratorio externo que obliga la ley.
La analítica facilitada demostraba que el agua no era apta para el consumo al superarse continuamente los umbrales de turbidez permitidos por la ley, durante al menos el periodo de febrero y marzo, ya que los datos posteriores de abril y mayo aún no nos han sido facilitados por el Ayto., despues de 3 meses desde la solicitud.
Nuestro grupo a la vista de la analítica y la falta de comunicación a la población de esta incidencia, lo puso en conocimiento a la autoridad sanitaria competente de la Junta de CyL durante el mes de Mayo, lo que motivo que el Ayuntamiento comenzara una actuación de emergencia en la planta potabilizadora por importe de 128.978,55 €, y que ha día de hoy aún no ha concluido.
Vistos todos los resultados de nuestra investigación y conociendo que desde octubre de 2023 el control y gestión de la potabilizadora corresponde a una empresa privada, por jubilación del químico municipal, solicitamos en Julio el contrato de gestión de la planta potabilizadora con la empresa Aquona, para conocer que actividades estaba obligada a realizar y cual eran sus responsabilidades contractuales.
A fecha de hoy el Equipo de Gobierno no ha sido capaz de encontrar dicho contrato, y en este mes de Agosto se ha abierto un expediente concreto para la contratación del mencionado servicio, que al menos se lleva prestando desde hace 10 meses, lo que nos da pie a denunciar que la gestión de nuestra planta potabilizadora por una empresa privada no está amparada por la ley de contratos de la administración pública.
A este respecto, se estudiaran las responsabilidades administrativas y legales que este incidente pudiera tener.
