La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León reconoce en su artículo 7 los principios rectores que han de guiar la prestación de los mismos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Entre ellos, se encuentran los de la igualdad efectiva para el acceso al sistema, la responsabilidad pública, la proximidad y normalización, así como la de coordinación:“se garantizará la coordinación entre el sistema de servicios sociales y los demás sistemas y servicios de bienestar social, entre las administraciones públicas de Castilla y León con competencias en materia de servicios sociales, y entre éstas y la iniciativa social o privada, al objeto de promover la colaboración y cooperación ordenadas, y la actuación conjunta, integral y coherente.”
En línea también con el principio de proximidad, las entidades locales somos, a través de los CEAS, las puertas de acceso al sistema de Servicios Sociales para las personas usuarias. Es una importante responsabilidad que la propia Ley nos asigna, con el fin último de mejorar la vida de las personas, respondiendo a sus derechos.
No obstante, las entidades locales no somos meras sucursales o extensiones, ni siquiera, órganos descentralizados de la Junta de Castilla y León en materia de Servicios Sociales que hayan de ejecutar su línea de actuación. Los ayuntamientos y diputaciones gozamos de completa autonomía que la Constitución nos reconoce.
En este sentido, existe un profundo malestar en las entidades locales porque la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de nuestra CCAA se mantiene de forma reiterada en una posición de pretendida preminencia sobre las entidades locales de Castilla y León.
Está instaurada la política de toma de decisiones de manera completamente unilateral en materias que afectan de forma radical al funcionamiento ordinario de nuestras entidades. La última muestra de esta manera de actuar la estamos sufriendo ahora todos los Ayuntamientos ya que nos enteramos por los medios de comunicación de la intención de establecer prestaciones para familias en materia de conciliación que tienen que ejecutar las entidades locales, decisión que se consuma por Decreto-Ley el día 10 de septiembre, pese a la oposición de muchos Ayuntamiento y Diputaciones.
Más allá de lamentar la continua falta de diálogo y coordinación por parte de la Consejería, vemos muy complicada la adecuada ejecución el Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19, puesto que no encajan como se pretende en la normativa de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, en la Comunidad de Castilla y León. Para poder conceder estas prestaciones, las administraciones locales tenemos que aprobar convocatorias de subvenciones para poder conceder las subvenciones reguladas por el Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre.
Por otro lado, supone una carga extraordinaria para nuestros CEAS, que, se encuentran completamente saturados con el volumen de trabajo habitual, pero que además acumulan el sobreesfuerzo que ha supuesto y supone la situación de crisis derivada de la pandemia.
Si bien se ha habilitado la contratación de personal con la herramienta del fondo extraordinario COVID 19, siguen existiendo serios problemas para conseguir incorporar personas que rechazan la oferta por su escasa durabilidad. Además, estaríamos realizando un esfuerzo de contratación y formación que daría pocos frutos si limitamos a diciembre su estancia.
En materia de financiación nos preocupa especialmente que el Decreto aluda a los 20.000.000€ iniciales del fondo extraordinario y nada se sepa de esos 3 millones adicionales que, serían incluidos a mayores.
Dejando a un lado los enormes problemas de organización y paralización que esta medida va a suponer para nuestros CEAS, entendemos que no va a llegar de manera efectiva a las familias, especialmente a las más vulnerables. Aunque desde nuestra administración nos volquemos en realizar la atención a las familias en el menor tiempo posible, el esfuerzo de contratación y justificación por parte de los usuarios para un tiempo tan limitado como es el de confinamiento, hará que la mayor parte de las familias acudan a alternativas informales en la economía sumergida, en el mejor de los casos.
Vemos en esta medida una maniobra política por parte de la Junta de Castilla y León que quiere “ponerse la medalla” en materia de conciliación, descargando todo el trabajo y el posible fracaso de la medida, como siempre, en las entidades locales. Sin embargo, suspende las actividades extraescolares y el deporte escolar en vez de trabajar por hacerlo de una manera segura, mientras que las entidades locales asumimos el peso de la conciliación, más necesaria que nunca.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista de Laguna de Duero proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos:
- Instar a la Junta de Castilla y León a trabajar en pie de igualdad con las entidades locales como administraciones competentes en materia de Servicios Sociales, con coordinación y desde el respeto y la lealtad institucional.
- Instar a la Junta de castilla y León a reconsiderar la flexibilización de los plazos de ejecución y justificación del fondo extraordinario COVID 19, especialmente en materia de personal, para poder dar una respuesta rápida y de calidad en la atención a nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como reducir listas de espera en algunos casos “cronificadas”.
- Instar a la Junta de Castilla y León a revisar de manera conjunta del Decreto-Ley de medidas de conciliación para garantizar que no supone un esfuerzo estéril por parte de los CEAS y que realmente llegue ayuda a las familias, especialmente a las más vulnerables.
- Instar a la Junta de Castilla y León a incorporar los 3 millones adicionales asociados al Decreto-Ley prometidos.
