En el portal de la Junta de Castilla y León se define el diálogo
social de la siguiente manera: las sociedades más modernas y
avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen
por la institucionalización del Diálogo Social entre la
Administración Pública y los agentes económicos y sociales,
representados por las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
El fomento del Diálogo Social como factor de progreso
económico y cohesión social, se contempla por el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León en su artículo 16, párrafo
cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas
públicas de Castilla y León.
Si algo distingue a la política de la Comunidad de Castilla y
León en su conjunto, es el alto nivel de concertación social
alcanzado, hasta el punto de convertirse en una Comunidad
Autónoma pionera en el desarrollo del Diálogo Social y una
indudable referencia a seguir cuando se quiere reforzar la
eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante el obligado
concurso de las organizaciones sociales y económicas.
El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León respalda
el Diálogo Social, convirtiéndolo en principio rector de las
políticas públicas de la Comunidad y factor de progreso
económico y social, como así lo prueban las múltiples
iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la
competitividad empresarial, la inserción laboral y la
empleabilidad de los trabajadores.
La Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del
Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación
Institucional, constituye el soporte y la articulación legal
necesarios para que la Junta de Castilla y León y las
organizaciones empresariales y sindicales más
representativas de esta Comunidad, una vez más, se pongan
de acuerdo en lo que al diseño e implementación de las
políticas de empleo se refiere.
Hoy asistimos a la destrucción del Diálogo Social en Castilla y
León por parte de la Junta de Castilla y León, capitaneada en
esta labor por Vox.
A la voladura del Diálogo Social por parte de la Junta hay que
añadir otras medidas en la misma dirección, como son la
supresión de fondos destinados a las organizaciones
sindicales y empresariales para la defensa de la igualdad de
oportunidades, la formación para el empleo y orientación
laboral para personas desempleadas y ocupadas, la
prevención de riesgos laborales y las políticas que afectan a
los colectivos más vulnerables como las personas
inmigrantes.
Esta política del Gobierno de Castilla y León no sólo
constituye un ataque sin precedentes a las empresas, los
trabajadores y las trabajadoras de nuestro municipio y
atenta contra una forma de entender la política que debe
prevalecer desde las instituciones, consistente en acercar
posiciones, limar diferencias y procurar amplios consensos
que den respuesta al interés común.
El último episodio de esta persecución ha sido la decisión de
la Junta de que Castilla y León de eliminar la gestión del
sistema de solución autónoma de los conflictos laborales
individuales y colectivos en Castilla y León a través del
Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León
(SERLA).
El año pasado el SERLA intervino en 3.534 procedimientos
individuales (la cifra más alta de su historia) y en 341
expedientes colectivos. Su supresión, aparte de acarrear una
grave inseguridad jurídica, provocará más conflictos (que
también serán más duraderos), derivará en más procesos
judiciales y encarecerá los gastos a cargo de empresas y
personas trabajadoras.
Revertir esta lamentable situación depende exclusivamente
de que la Junta de Castilla y León, en manos del PP y de Vox
dé un giro de 180 grados y recupere la senda del diálogo
social, de la responsabilidad y el respeto a la legalidad.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Laguna de
Duero propone para su aprobación por el Pleno los siguientes
ACUERDOS:
- El Ayuntamiento de Laguna de Duero reclama al
presidente de la Junta de Castilla y León que:
a) Recomponga de forma inmediata el Diálogo Social y
cumpla los compromisos adquiridos en su seno por parte
de la Junta de Castilla y León con la patronal CEOE y los
sindicatos UGT y CC.OO.
b) Garantice la continuidad del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) en los
mismos términos que hasta ahora.
c) Reintegre a CC.OO, UGT y CEOE los fondos
autonómicos que les ha sustraído para el desarrollo de
todas las actividades de formación, orientación,
prevención, etc., que venían realizando en favor de
personas desempleadas y empleadas. - El Ayuntamiento de Laguna de Duero se compromete a
dar cobertura, en el marco de sus competencias, a las
empresas y personas trabajadoras de nuestra ciudad que
queden desamparadas por la Junta de Castilla y León a
consecuencia de sus incumplimientos en el ámbito del
diálogo social.
Laguna
